En mi columna anterior, hablaba sobre cómo el sistema a menudo maquilla la realidad de las madres, ignorando su conocimiento profundo. Hoy quiero llevar esa reflexión un paso más allá: a las mesas donde se diseña la política pública. Es frustrante observar cómo, con demasiada frecuencia, se planifican servicios y leyes sin contar con la participación directa de nuestra población. Para que la inclusión sea real, hay que entender que no es lo mismo leer una noticia o estudiar un expediente, que hablar cara a cara con quienes llevamos años enfrentando el sistema.

La experiencia de primera mano no tiene sustituto. Contar con nuestras vivencias, como ya se está impulsando en diversos proyectos a través del CEDD, no es solo un acto de justicia, es una necesidad práctica. Nadie conoce mejor las grietas del sistema que quien ha tenido que caminarlas. Cuando se nos integra desde el inicio, los procesos se enriquecen y, sobre todo, se vuelven mucho más ágiles y efectivos. Nuestra perspectiva permite identificar barreras que para otros son invisibles, evitando que se pierda tiempo y recursos en soluciones que no se ajustan a la realidad.

La política pública no debería ser un ejercicio de imaginación para quienes están detrás de un escritorio. Debería ser un proceso construido sobre la base de la experiencia real de quienes vivimos la diversidad funcional todos los días. Integrar nuestro conocimiento no es solo "hacer lo correcto"; es la forma más inteligente de garantizar que las leyes y servicios cumplan su propósito de facilitar la vida de las personas.

Es momento de reconocer que nuestras historias no son solo testimonios, son herramientas de transformación. Si queremos un sistema que funcione, debemos dejar de diseñar "para" nosotros y empezar a diseñar con nosotros. Al final, la política más efectiva será siempre aquella que nace de la verdad de quienes conocen el camino porque lo han recorrido.